Corrupción
12/05/09 08:30
- 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos otorgados por los tres niveles de gobierno y particulares. (Aumento de 71.3% con respecto a 2005).
- En promedio, las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $138. (Disminución de 22% con respecto a 2005).
- Se pagaron más de $27 MMDP de “mordidas” en servicios públicos por los hogares. (Aumento de 42.1% con respecto a 2005).
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno registra mayor incidencia en:
- Jefes de hogar jóvenes: 12.1.
- Jefes de hogar con mayor escolaridad: 11.8 (preparatoria) y 12.8 (universitarios).
El índice registra menor incidencia en:
- Jefes de hogar mayores de 50 años: 7.9.
- Jefes de hogar con menores ingresos (de hasta un salario mínimo): 8.9.
Trámites con mayor incidencia:
- Obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o alineamiento y número oficial.
- Aprobación de la verificación vehicular.
La corrupción oficial continúa siendo un serio problema. Se estima que sólo la corrupción en el gigante petrolero estatal Pemex le cuesta al país más de un $1 billón por año.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que billones de dólares en dinero ilegal de la droga es lavado cada año en México y dice que las instituciones judiciales, militares, políticas y financieras del país, facilitan esos crímenes.
Transparencia México estima que los sobornos consumen hasta un 24% de los ingresos de los mexicanos de bajos ingresos. México fue colocado en el lugar 70 de 163 países en el Índice 2006 de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional.
Libertades políticas y sociales
Las garantías constitucionales y legales de libertad de expresión en México han ido mejorando gradualmente, mientras que el entorno de seguridad para los periodistas ha declinado marcadamente. Con la apertura del sistema político mexicano en años recientes, los elementos de la prensa se tornaron mucho más vigorosos y competitivos, particularmente la escrita. Al no depender ya más del gobierno para anuncios y subsidios, la prensa ha tomado el liderazgo en denunciar la corrupción e irregularidades oficiales, aunque los reportajes serios y de investigación son escasos. Los medios de radiodifusión permanecen dominados por dos corporaciones que controlan más de 90% de las estaciones mexicanas. En 2006, una ley conocida como la Ley Televisa, nombrada por la compañía más grande del país, les concedió un espectro adicional de transmisión a los dos gigantes a expensas de los competidores.
La violencia contra los periodistas empeoró dramáticamente en 2006, con particular riesgo para los reporteros investigando temas policiales, narcotráfico y corrupción pública. En 2006, al menos ocho periodistas fueron asesinados, incluyendo seis en el período entre el 27 de octubre y el 8 de diciembre. La Sociedad Interamericana de Prensa declaró que el “periodismo se está convirtiendo en una profesión más y más peligrosa” en el país. Como nota positiva, se abrió una nueva oficina especial dedicada a investigar los crímenes contra los periodistas.
La libre práctica de la religión está limitada en algunas áreas del sur del país, especialmente en el estado de Chiapas, y existen frecuentes reportes de acoso a evangélicos y Testigos de Jehová. Con el fin de operar legalmente las asociaciones religiosas tienen que registrarse con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría Federal, aunque el proceso de registro es rutinario.
Las garantías constitucionales concernientes a la libertad de reunión y asociación son generalmente respetadas en las urbanizadas regiones del norte y centro del país. La expresión política y cívica, sin embargo, está restringida en algunas partes del México rural, en las áreas urbanas pobres, y en los estados sureños pobres. La participación de la sociedad civil ha crecido en años recientes; los grupos medioambientalistas, feministas, pro democracia y de derechos humanos son bien activos. Docenas de líderes sindicales y campesinos han sido asesinados en años recientes a causa de las disputas territoriales en curso, particularmente en los estados sureños, donde los grupos indígenas constituyen casi la mitad de la población. En febrero de 2006, 65 mineros murieron en un accidente; y los subsiguientes esfuerzos para asignar la culpa por lo sucedido sirvieron para resaltar las deficiencias en las condiciones de trabajo y la inefectividad de los sindicatos comerciales mexicanos, las cuales han enfrentado durante largo tiempo la interferencia del gobierno. En abril de 2006, una serie de protestas relacionadas con esta tradición de interferencia condujeron a las muertes de tres trabajadores del acero en huelga.
Riesgo Político
En escala del 1 al 7, donde 1 es el mínimo riesgo y 7 el máximo el riesgo que hay en México en los siguientes aspectos es el siguiente.
- Guerra. Cualquier guerra, turbulencia civil o actos de terrorismo. En México, 2.
- Expropiación. Acciones gubernamentales para que el gobierno (de iure o de facto) expropie la propiedad real de los instrumentos de producción. En México, 1.
- Riesgo de convertibilidad de divisas. Cuando las utilidades generadas por la inversión no pueden ser convertidas libremente a otra moneda y transferirlas a otro lugar. En México, 2.
El sistema de justicia mexicano continúa plagado por problemas de lentitud y su carácter impredecible. No existe virtualmente ningún cuerpo de ley para gobernar la justicia juvenil. En las áreas rurales, el respeto de las agencias oficiales por la ley sigue siendo tenue. Los tribunales de instancias menores y el cumplimiento de la ley en general se encuentran minados por la práctica extendida del soborno, a pesar de los esfuerzos por impulsar reformas de la administración Fox. La tortura, el arresto arbitrario, y el abuso contra los prisioneros persiste en la mayoría de las áreas, aunque un poco menos en años recientes. Más de una docena de mujeres reportaron haber sido violadas por la policía después de haber sido arrestadas durante los disturbios en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Las prisiones son violentas y superpobladas[1], y los detenidos en espera de juicio suman casi el 40% de los prisioneros. En julio de 2006, el punto central del modesto intento de la administración de Vicente Fox para enjuiciar notorios abusos contra los derechos humanos en el pasado, terminó cuando los cargos contra el ex presidente Luis Echeverría fueron desestimados.
12/05/09 08:30
- 197 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos otorgados por los tres niveles de gobierno y particulares. (Aumento de 71.3% con respecto a 2005).
- En promedio, las “mordidas” costaron a los hogares mexicanos $138. (Disminución de 22% con respecto a 2005).
- Se pagaron más de $27 MMDP de “mordidas” en servicios públicos por los hogares. (Aumento de 42.1% con respecto a 2005).
“Las mordidas son más, pero más baratas”.
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno registra mayor incidencia en:
- Jefes de hogar jóvenes: 12.1.
- Jefes de hogar con mayor escolaridad: 11.8 (preparatoria) y 12.8 (universitarios).
El índice registra menor incidencia en:
- Jefes de hogar mayores de 50 años: 7.9.
- Jefes de hogar con menores ingresos (de hasta un salario mínimo): 8.9.
“Entre más preparación, mayor nivel de ingresos y menor edad, mayor incidencia de corrupción”.
Trámites con mayor incidencia:
- Obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o alineamiento y número oficial.
- Aprobación de la verificación vehicular.
La corrupción oficial continúa siendo un serio problema. Se estima que sólo la corrupción en el gigante petrolero estatal Pemex le cuesta al país más de un $1 billón por año.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) estima que billones de dólares en dinero ilegal de la droga es lavado cada año en México y dice que las instituciones judiciales, militares, políticas y financieras del país, facilitan esos crímenes.
Transparencia México estima que los sobornos consumen hasta un 24% de los ingresos de los mexicanos de bajos ingresos. México fue colocado en el lugar 70 de 163 países en el Índice 2006 de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional.
Libertades políticas y sociales
Las garantías constitucionales y legales de libertad de expresión en México han ido mejorando gradualmente, mientras que el entorno de seguridad para los periodistas ha declinado marcadamente. Con la apertura del sistema político mexicano en años recientes, los elementos de la prensa se tornaron mucho más vigorosos y competitivos, particularmente la escrita. Al no depender ya más del gobierno para anuncios y subsidios, la prensa ha tomado el liderazgo en denunciar la corrupción e irregularidades oficiales, aunque los reportajes serios y de investigación son escasos. Los medios de radiodifusión permanecen dominados por dos corporaciones que controlan más de 90% de las estaciones mexicanas. En 2006, una ley conocida como la Ley Televisa, nombrada por la compañía más grande del país, les concedió un espectro adicional de transmisión a los dos gigantes a expensas de los competidores.
La violencia contra los periodistas empeoró dramáticamente en 2006, con particular riesgo para los reporteros investigando temas policiales, narcotráfico y corrupción pública. En 2006, al menos ocho periodistas fueron asesinados, incluyendo seis en el período entre el 27 de octubre y el 8 de diciembre. La Sociedad Interamericana de Prensa declaró que el “periodismo se está convirtiendo en una profesión más y más peligrosa” en el país. Como nota positiva, se abrió una nueva oficina especial dedicada a investigar los crímenes contra los periodistas.
La libre práctica de la religión está limitada en algunas áreas del sur del país, especialmente en el estado de Chiapas, y existen frecuentes reportes de acoso a evangélicos y Testigos de Jehová. Con el fin de operar legalmente las asociaciones religiosas tienen que registrarse con la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría Federal, aunque el proceso de registro es rutinario.
Las garantías constitucionales concernientes a la libertad de reunión y asociación son generalmente respetadas en las urbanizadas regiones del norte y centro del país. La expresión política y cívica, sin embargo, está restringida en algunas partes del México rural, en las áreas urbanas pobres, y en los estados sureños pobres. La participación de la sociedad civil ha crecido en años recientes; los grupos medioambientalistas, feministas, pro democracia y de derechos humanos son bien activos. Docenas de líderes sindicales y campesinos han sido asesinados en años recientes a causa de las disputas territoriales en curso, particularmente en los estados sureños, donde los grupos indígenas constituyen casi la mitad de la población. En febrero de 2006, 65 mineros murieron en un accidente; y los subsiguientes esfuerzos para asignar la culpa por lo sucedido sirvieron para resaltar las deficiencias en las condiciones de trabajo y la inefectividad de los sindicatos comerciales mexicanos, las cuales han enfrentado durante largo tiempo la interferencia del gobierno. En abril de 2006, una serie de protestas relacionadas con esta tradición de interferencia condujeron a las muertes de tres trabajadores del acero en huelga.
Riesgo Político
En escala del 1 al 7, donde 1 es el mínimo riesgo y 7 el máximo el riesgo que hay en México en los siguientes aspectos es el siguiente.
- Guerra. Cualquier guerra, turbulencia civil o actos de terrorismo. En México, 2.
- Expropiación. Acciones gubernamentales para que el gobierno (de iure o de facto) expropie la propiedad real de los instrumentos de producción. En México, 1.
- Riesgo de convertibilidad de divisas. Cuando las utilidades generadas por la inversión no pueden ser convertidas libremente a otra moneda y transferirlas a otro lugar. En México, 2.
EPS/IPADE con información de Office National du Ducroire (March 2007), disponible en http://www.ondd.be, en Infrastructure Private Investment Attractiveness Index, WEF
Sistema judicialEl sistema de justicia mexicano continúa plagado por problemas de lentitud y su carácter impredecible. No existe virtualmente ningún cuerpo de ley para gobernar la justicia juvenil. En las áreas rurales, el respeto de las agencias oficiales por la ley sigue siendo tenue. Los tribunales de instancias menores y el cumplimiento de la ley en general se encuentran minados por la práctica extendida del soborno, a pesar de los esfuerzos por impulsar reformas de la administración Fox. La tortura, el arresto arbitrario, y el abuso contra los prisioneros persiste en la mayoría de las áreas, aunque un poco menos en años recientes. Más de una docena de mujeres reportaron haber sido violadas por la policía después de haber sido arrestadas durante los disturbios en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Las prisiones son violentas y superpobladas[1], y los detenidos en espera de juicio suman casi el 40% de los prisioneros. En julio de 2006, el punto central del modesto intento de la administración de Vicente Fox para enjuiciar notorios abusos contra los derechos humanos en el pasado, terminó cuando los cargos contra el ex presidente Luis Echeverría fueron desestimados.
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