México 2012-2018: cultura, crecimiento y democracia
Felipe González y González
Presidente Ejecutivo
del Centro de Estudios para la Gobernabilidad
Institucional (CEGI),
Profesor del Área de Entorno Político y Social, IPADE
Business School
Optimismo moderado o no
El inicio de un nuevo gobierno en México,
sin duda generará todo tipo de reacciones y estados de ánimo. Desde los que
pregonan a la reinstauración del viejo PRI con todos sus defectos ancestrales,
hasta los que consideran que se trata de un nuevo PRI joven, reformado y
progresista.
Otros piensan en los cambios que han
ocurrido en el mundo y en la sociedad mexicana, en las reformas estructurales
que hay que promover y en la relativa buena posición que ocupa México tanto
desde el punto de vista de las finanzas públicas, de las mejoras en la
condición de vida de muchos mexicanos y en las oportunidades y ventajas que
tiene un país como el nuestro.
México tiene importantes logros que
preservar. Las finanzas públicas y las condiciones macroeconómicas son
comparativamente muy buenas. El país a finales del 2012 continuaba con un
crecimiento sostenido por arriba del 3.5 por ciento, con una inflación controlada, y una deuda
neta total del sector público que significaba cerca de la tercera parte del PIB
(32%), en tanto que en Estados Unidos representa el 108%, en Alemania el 88% y
en Corea el 34.5% La producción manufacturera se ha recuperado y también lo ha
hecho el empleo con respecto a la crisis de 2009.. La suma de exportaciones e
importaciones como porcentaje del PIB es 58.6% para México, mientras que es del
18.5 % para Brasil, del 51.7% para
Canadá y 21.6% para Estados Unidos.
Ciertamente también hay nubarrones y el
inició de 2013 se puede complicar, aunque espero que no demasiado. México es
extremadamente vulnerable a los choques externos y el mercado interno no es
suficiente para sostener el crecimiento.
Los factores de incertidumbre son la
desaceleración de Estados Unidos y la incertidumbre sobre su futuro, ante su
exacerbado déficit fiscal; los malos resultados de la actividad industrial, por
supuesto en Europa, e incluso en Alemania; los problemas de la economía
japonesa; y con junto ellos, el menor crecimiento de países como China, India y
Brasil, que está haciendo que los precios de las materias primas bajen por una
declinación en la demanda.
El Gobernador del Banco de México,
reconoció en noviembre, que “durante el tercer trimestre de 2012, la actividad
económica en México continuo creciendo, pero comenzó a mostrar señales de
desaceleración ante la intensificación del choque negativo de la demanda externa”.
Agustín Cartens ha afirmado que eventualmente serán necesarias medidas para
contener la inflación, debido a los aumentos de precios de productos básicos,
que aunque transitorios, son cada vez
son más recurrentes. Señaló que las
expectativas de inflación pueden verse afectadas, por algunos incrementos de
sueldos mayores a los vistos en meses previos.
Con independencia de la coyuntura
económica mundial que parece critica, el mayor desafío del nuevo gobierno, esta
radicado en el ámbito en el que se conjugan lo político y lo social.
El desafío político: la gobernabilidad
El nuevo gobierno que encabeza el
presidente Enrique Peña Nieto tiene una clara divisa: quiere ser un gobierno
eficaz, que cumple y que genera estabilidad con crecimiento. Lo primero que, a mi juicio, el gobierno se
propondrá es poder ejercer la autoridad. Partiendo de la legitimidad que le
proporcionaron los votos, buscará legitimarse en el ejercicio. Para ello deberá
poder enfrentar el problema de la división del país, el encono de las
posiciones antagónicas y el descrédito que se viene dando a los opositores,
trátese de quien se trate.
En el desarrollo y análisis de México,
así como en los cambios de gobierno, se han utilizado mucho las trayectorias
personales y los rasgos de la personalidad de los nuevos dirigentes, pero lo que hoy despierta más incógnitas y
temores respecto del futuro del país, es
saber si el nuevo gobierno va a seguir estando obstaculizado por los grupos de
presión. Para ello se deberá hacer frente, en primer lugar, a la falta de
consensos.
Si lo que llevamos visto con el aval del
nuevo presidente –tanto en la reforma
laboral y la aprobación de la ley de contabilidad gubernamental, como en las iniciativas
de reforma del IFAI y la creación de la Comisión Anti-corrupción-, es una
muestra del talante del nuevo gobierno, desde luego que cabría postular un
optimismo moderado, por aquello de que en todo hay que tener medida.
El problema decisivo que deberá enfrentar
Peña Nieto es el de la gobernabilidad. El embotellamiento político y los
interés creados que lo provocan, no son una novedad, pero son y seguirán siendo
el mayor obstáculo para el desarrollo con justicia en el país.
El nuevo de gobierno, después de que el
PRI logró obtener más del 38 por ciento de los votos, necesita, ante la
ausencia de una mayoría clara, hacerse de elementos de gobernanza y tender con
rapidez una red de relaciones muy amplia. Durante doce años el PAN enfrento un
gobierno claramente dividido. El Congreso no sólo fue un contrapeso, sino un
tremendo obstáculo para lograr las reformas que hicieran posible un avance en
el país, y los gobernadores poderosos y bien dotados económicamente por la
Federación, se dedicaron a lograr sus intereses particulares.
El gran desafío del nuevo gobierno del
PRI, es si será capaz de enfrentar los diversos grupos de interés del sector
público, privado y social, que se yuxtaponen mutuamente y evitan el crecimiento
armónico e inclusivo.
En
el México de los cotos de poder están los políticos que sin escrúpulos
generan quimeras y descalifican avances posibles o reales; los empresarios que atentan
contra el libre mercado; los movimientos sociales que se autoproclaman como
tales aunque tengan pocos adeptos y solo unos cuantos piquetes de elementos
violentos; los formadores de opinión al servicio de interés particulares, que
dividen al país arbitrariamente en buenos y males, según sus propios términos
de referencia. Este desgarramiento interior del sistema político, en parte
debido a la atrofia y esclerosis de muchos años sin reformas y sin avances,
puede evidenciar signos de declive sistémico y de una peligrosa fragilidad
institucional. Por ello urge la reforma a fondo del estado mexicano.
En ese sentido no hay duda que el
gobierno del presidente Peña Nieto, introducirá reformas largamente esperadas.
La cuestión toral es si va a poder implementar esas políticas, o si bien van a
ser diluidas o impedidas por los poderes fácticos.
El poder y la fuerza de los grupos de
presión, que tienen intereses especiales que proteger y engrandecer, cuenta con
recursos muy cuantiosos, tanto monetarios como de capacidad para crear imágenes
públicas favorables a sus pretensiones, que van desde movilizaciones masivas hasta
actos violentos de diversa índole, que traspasan los límites de la ley, pero se
cobijan en la impunidad.
Las posiciones monopolísticas en el
sector privado, el control sindical, los señoríos feudales en que se han
convertido muchos de los Estados de la república, los grupos de poder en el
propio partido o en clase política, y en el terreno social ciertas organizaciones
de campesinos, jóvenes o de barrios, representan un atasco colosal para la
implantación del estado de derecho, el combate a la corrupción y la fijación de
responsabilidades a través de sistemas de rendición de cuentas confiables.
Por ello las acciones del nuevo gobierno
tendrán que ver desde luego con el crecimiento económico, pero también y de
manera muy importante con el tema de la gobernabilidad republicana y la
participación ciudadana como elementos clave para el ejercicio de una
presidencia democrática.
La agenda del nuevo gobierno
Hay cinco áreas especialmente importantes
que el nuevo gobierno ha fijado con prioritarias: la participación ciudadana,
el combate a la desigualdad, la presidencia democrática y el crecimiento
económico con seguridad y justicia.
Participación ciudadana.
La inclusión y la ciudadanía son dos
cuestiones fundamentales, no sólo en México, sino en las complejas sociedades
de nuestro mundo globalizado. La gobernabilidad democrática sólo se puede
conseguir si se asegura a cada persona y
cada grupo o comunidad sus derechos fundamentales en la generación de
futuro que les espera.
La desigualdad.
La pobreza, el desempleo y la falta
oportunidades son situaciones que hacen imposible la gobernabilidad. En un país
democrático no hay ciudadanos de primera o de segunda, y todos deben tener las
justas oportunidades. La globalización ha profundizado la brecha entre los más
y menos educados, por ello es esencial la distribución del ingreso, como
política gubernamental.
Los avances que se hagan en el rezago
educativo, tanto en la calidad como la disponibilidad de la enseñanza; en una
participación mayor y más equitativa de la riqueza que se genera en México,
y en el incremento en la participación
para procesar las demandas más urgentes, son factores determinantes de la
gobernabilidad.
De no ser, así hacia mediados del sexenio
de Peña Nieto, las presiones se pueden acumular, y una sociedad como la nuestra
con tantas tensiones y complicaciones, puede exigir un cambio político
drástico, aunque no sepa muy bien a donde puede llevarla o en qué se debe
aterrizar.
Si la gente no ve en los próximos años un
plan real para mejorar las condiciones
de vida, si la impunidad, el crimen organizado o el abuso de poder perduran
intactos, la temperatura social puede elevarse de manera exorbitada.
Presidencia democrática
La política es el ámbito de la discusión
y los acuerdos. En ella se dan las dinámicas del conflicto y la cooperación, y
también las del poder y la persuasión.
Por ello una presidencia –que en palabra
de Peña Nieto- se postula a sí misma como democrática, es una presidencia que
reconoce a todos y busca sumar.
La primera tarea de un gobierno es poder
sostenerse, y para ello debe buscar fortaleza en el régimen de derecho, en los
medios que le permitan ejercer el poder de manera efectiva en el ámbito de sus
competencias. Hay que mediar en las polarizaciones entre los grupos de la clase
política y también entre los movimientos sociales: se trata de lograr no sólo
la moderación de las posiciones, sino la participación en el proceso de
deliberación y compromiso, en el que todos serán escuchados y todos deberán tener
un espacio y una tarea que aportar.
Crecimiento económico.
El énfasis se dará también en las grandes
reformas fiscales, energética y educativa. Estas reformas son necesarias para
lograr un despegue en el desempeño económico, que permita crear los puestos de
trabajo que la juventud necesita, y el aumento de valor en los productos de las
empresas, gracias a una inversión mayor en investigación, innovación y
generación de conocimientos.
El crecimiento económico es también un
elemento esencial en la lucha contra la desigualdad y el combate a la pobreza.
Mucha de la desigualdad que hay en el mundo proviene de la ineficiencia en
asignar recursos y responsabilidades, y refleja los desencuentros de los
mercados y los gobiernos para hacer posible el crecimiento.
No es cuestión sólo de políticas fiscales
y de acciones gubernamentales. Es una cuestión que tiene que ver con el
funcionamiento de los mercados, los costos de transacción y el combate a la
corrupción. Lograr una mayor eficacia mediante la competencia y libre
concurrencia, supone limitar o reestructurar a los sectores monopolistas, al
tiempo que se privilegian las inversiones que tienen que ver con las
oportunidades para los jóvenes.
México estará iniciando un viraje con la
llegada de Enrique Peña Nieto, y tendrá la oportunidad de lograr un cambio
decisivo. Las reformas de las décadas de los noventas y del 2000 han sido
importantes y ya dieron de sí. Se necesitan cambios de nueva generación, si no
queremos tener graves problemas económicos y sociales.
México necesita una reestructuración
económica mayor. México necesita consolidar su desarrollo industrial, mantener
el ritmo de sus exportaciones, pero por encima de todo debe lograr activar y
hacer funcionar su mercado interno, para poder enfrentar la pobreza, el
desempleo y la violencia que flagelan al país. Eso significa que los cambios económicos
que tienen que venir, requieren de la reforma del Estado y de la sociedad.
Justicia y seguridad.
Con independencia de cuál sea el sentido de
justicia del que cada persona o grupo social sea portador, hay un consenso
mundial respecto de que la pobreza y la falta de oportunidades están en la base
de los fenómenos de la delincuencia organizada y el terrorismo. Por ello, la
principal estrategia del nuevo gobierno en esta materia, estará dada en largo
plazo, por la búsqueda del crecimiento compartido e incluyente.
En materia de seguridad veremos un replanteamiento de la estrategia,
así como una formulación más integral del problema. Los objetivos definidos son
recuperar la paz social y la libertad de
las personas, restablecer la seguridad pública mediante la reducción de los
índices delictivos en robos, secuestros y extorsión, y afianzar la seguridad
nacional recuperando autoridad y capacidad de decisión.
Por lo que se refiere a justicia, la
implantación -a nivel federal y de los estados- del nuevo sistema de justicia
penal deberá ser un paso decisivo e histórico para cambiar la relación entre
gobernantes y gobernados. Eso podrá generar el capital social que se basa en la
confianza, y que será el soporte de un gobierno eficaz, incluyente, impulsor
del desarrollo y promotor de los derechos humanos y la democracia.
El imperioso deber de crecer
Para un país de las dimensiones de México
y con el bono poblacional que tenemos, sólo cabe la salida del crecimiento. Si
la inercia actual se prolonga, si nos mantenemos en el estancamiento y la
inmovilidad, caeremos en el deterioro del tejido social, en el aumento de la
violencia y en el colapso de las instituciones que no han sabido responder a
las necesidades de una población para quien el crecimiento es inexorable.
La única manera de crecer es crecer. Pero
hay que crecer de manera colaborativa e incluyente. Tenemos que poder trabajar
conjuntamente de una forma mucho más integrada, más redituable y más armónica,
para transformar el crecimiento en desarrollo.
No crecer es retroceder, es perder los
términos de referencia de la articulación social y es descoyuntar el camino de
la democracia y el estado de derecho. Si el empleo no aumenta y con él los
salarios, y por lo tanto el ingreso familiar, estaremos condenados a la
hipoteca del futuro. Lo que provoca una espiral de decadencia, por la falta de
un mercado interno vibrante y promotor. Sin crecimiento sostenido, los niveles de
vida no se elevan, y se hace imposible reducir el desempleo, la economía
informal y la economía criminal y delincuencial.
El omnipresente problema de los bajos y
aun raquíticos salarios, no es un problema del gobierno en primer término, es
un problema de la sociedad que busca subsidiarse en los más pobres del país. La
elevación de salarios, en todos los países que avanzan en el despegue
económico, es la legitimación del crecimiento como un factor del desarrollo, lo
cual incide en la democracia y el estado de derecho, para generar el capital
social que hace posible el aumento de los empleos y de las empresas, por el
clima propicio para la inversión, que se llama confianza.
Necesitamos tener la ambición de elevar
conjuntamente la productividad y los ingresos. Debemos mejor la capacitación
técnica; tenemos que elevar los niveles y la calidad de la educación; tenemos
que universalizar ciertas oportunidades y ciertos servicios como son los de
salud y protección contra gastos catastróficos, y la reversión de las
condiciones de pobreza y miseria.
Cultura y liderazgo
Estos retos y desafíos trascienden a las
administraciones gubernamentales sexenales, a los partidos políticos y las
fuerzas del interés económico, si queremos un futuro compartido por todos, no
represivo y no violento, sino promotor y progresista.
Necesitamos que los poderosos de este
país, las elites económicas, culturales, intelectuales y sociales, se propongan
conseguir que los beneficios del crecimiento fluyan hacia aquellos que más lo
necesitan, para poder lograr una sociedad más justa, mas igualitaria y más
estable.
Compartir el crecimiento económico tiene
que ser nuestro interés colectivo, nuestro objetivo como país, nuestra meta
como seres humanos dignos y responsables. El desempeño de nuestra economía de
mercado demanda que la prosperidad no sólo beneficie a los pocos, sino a los
muchos, a la gran mayoría, a todos.
El nuevo México no puede ser el de los
pocos. El nuevo México no puede ser el de la inercia y el rezago. El nuevo
México no puede ser el de la desigualdad abismal, el raquitismo del mercado
interno, y la monopolización de las oportunidades. El nuevo México tiene que
tener como objetivo el crecimiento compartido.
La prosperidad y la legitimidad política
se retroalimentan mutuamente, y determinan el futuro de la democracia. La
democracia es imposible sin el consenso, sin la búsqueda de soluciones y sin el
avance en las cuestiones básicas de la existencia como pueblo socialmente
organizado. La democracia es participación, es encuentro y es acuerdo. La
democracia supone que todos tenemos que ceder, pero que todos podemos
enriquecer y aportar. No impide las discrepancias, si finalmente se resuelven
en la mejor solución racional posible. Para ello es necesario que la cultura y
el liderazgo estén alineados.
La cultura
es, con mayor frecuencia, no lo que la gente comparte, sino aquello por lo
elige combatir. Por ello los grandes líderes y los grandes estadístas impulsan
y dirigen a sus sociedades, más allá de los paradigmas actuales. Se trata de
abrir una oportunidad a un futuro no plenamente delineado, pero sí más
incluyente, más pleno y más poderoso.
Los buenos
líderes ayudan a las personas a redefinir quienes son y qué es lo que quieren
hacer con sus vidas; a saber con exactitud en dónde están y qué es lo que son
capaces de conseguir para superarse a sí mismos y la situación prevalente.
Confío en que los nuevos líderes sociales, económicos y políticos que el país
requiere nos ayuden a hacer posible esta visión, cuando en México comenzamos,
con renovada esperaza, un tramo más de nuestro camino en la historia.
